El Gobierno de Canarias (CC-PSOE) rectificará el decreto emitido por el Gobierno de España
que excluía de la cobertura sanitaria completa a los extranjeros
indocumentados. Inicialmente, el ejecutivo canario dijo que iba a
cumplir la ley a pesar de la objeción de decenas de médicos que
argumentaron de forma contraria a su cumplimiento “por una cuestión de
Derechos Humanos”. Meses después, parece haber reculado, aunque
parcialmente, porque aunque recupera la cobertura completa para algunos
de estos extranjeros, lo hace exigiendo la demostración de cobrar menos
de 532 euros al mes y obligando a estar empadronado en Canarias desde
hace más de un año.
En Euskadi también se expide una tarjeta
que garantiza la universalidad de la sanidad para los extranjeros
indocumentados y cuyo uso el Gobierno de España, tras un auto del Tribunal Constitucional favorable a la misma, ha circunscrito a este territorio. En Andalucía,
por su parte, han ido más allá y mantienen el protocolo de actuación
sanitario, el mismo que antes de entrar en vigor el decreto impulsado
por el Gobierno que dirige Mariano Rajoy. Otras comunidades, como
Cataluña, Galicia y Castilla y León también mantienen la atención.
esta nueva regulación para los inmigrantes en Canarias tiene
importantes limitaciones. La primera, que cierra los centros sanitarios a
los que no puedan acreditar que ganan menos de 532 euros al mes.
Sanidad considera que a partir de esa cantidad la necesidad de cobertura
sanitaria gratuita no es tan perentoria. La segunda es el tiempo que
llevan residiendo en Canarias. Para poder asistir al médico tendrán que
demostrar que han estado empadronados, aunque sea en distintos
municipios canarios, desde hace más de un año. Pero hay más: tampoco
tendrán asistencia sanitaria aquellos que no puedan aportar una serie de
documentos que todas las asociaciones de inmigrantes coinciden en
destacar.
“Tienen que presentar un
certificado de bienes de su país de origen, un certificado de renta de
su país de origen, copia del pasaporte, un certificado de bienes de la
dirección general del catastro de la comunidad autónoma y un certificado
de ingresos de la Agencia Tributaria Estatal”, apuntó Zaira Navarro,
secretaria general técnica del Servicio Canario de Salud, como
requisitos documentales a aportar a la administración pública canaria.
Teodoro Bongdiale, médico ecuatoguineano residente en Gran Canaria y
portavoz de la federación de asociaciones africanas aseguró tener “muy
malas impresiones” y añadió que “está diseñada para la estupidez”.
“¿Cómo
alguien que no existe para la Administración va a obtener un
certificado de ingresos de la administración?”, se pregunta Bongdiale.
Igualmente, considera que “están cogiendo a los inmigrantes como banco
de pruebas. Se realizan los cambios con ellos y, si funcionan, luego se
extiende al resto de la ciudadanía”.
La orden anunciada el martes entrará en vigor, con probabilidad, antes del final de semana.
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