Ninguno de los bienes que pueda poseer un humano es
tan preciado como la salud. Sin ella no se puede disfrutar de nada de lo
que la vida que nos ofrece. Por ello, algunas sociedades han hecho de
ésta una cuestión de estado. La sanidad es un beneficio público y un
derecho, no sólo constitucional, sino de facto en ciertas naciones.
Como todas las actividades humanas, la salud se enfrenta a graves
problemas. La mayor parte de ellos solucionables. Sin embargo, la salida
a estas cuestiones pasa frecuentemente por encima de intereses
económicos y polí-ticos, por lo que parece inviable. Hoy no voy a
abordar todas las dificultades que tiene este sistema para funcionar
correctamente.
No voy a hablar de las listas de espera, ni de la falta de sanidad
pública en muchos países. No mencionaré la indiferencia del norte frente
a la muerte a gran escala en países del sur por patologías con solución
médica relativamente asequible. Ni del poco tiempo que algunos
especialistas pueden dedicar a sus pacientes ni del despilfarro de
medicamentos que se produce en algunos estados. Hoy voy a hablar de las
empresas farmacéuticas.
Más en concreto, del modelo farmacéutico internacional. Hace unos
días, la policía italiana denunciaba a 4.713 personas en la operación
Giove.
Eran 4.440 médicos y más de 200 trabajadores de la multinacional
farmacéutica GlaxoSmithkline (GSK). El delito consistía en dar fuertes
sumas de dinero de forma directa o indirecta a médicos para que
prescribieran los fármacos de GSK. Esta semana también, otro escándalo
de GSK ha salido a la luz. La compañía farmacéutica conocía desde hacía
tiempo que uno de sus medicamentos, Paxil, no era efectivo para el
tratamiento de la depresión en adolescentes.
Es más, aumentaba el riesgo de suicidio. De hecho, el 7,7% de los
jóvenes tratados con este fármaco tuvieron pensamientos de suicidio, más
del doble que los muchachos que no recibieron tratamiento. Estos dos
hechos puntuales sacan a la palestra graves defectos del sistema
sanitario.
Las compañías farmacéuticas son, como cualquier otro tipo de empresa:
máquinas de hacer dinero. Ello conlleva, en muchas ocasiones, a
prácticas que rozan el límite de la ética o incluso, como en los casos
descritos arriba, que transgreden claramente la ley. Esto es algo
sencillamente intolerable. Uno se siente engañado cuando compra una
sartén defectuosa y se le rompe el mango después de dos o tres usos.
¿Cómo se sentiría un padre si supiera que su hijo de catorce años se ha
suicidado por culpa de un medicamento que, además, nunca le hubiera
curado? Y... ¿Cómo se sentiría si supiera que los fabricantes conocían
este riesgo y lo ocultaban para ganar más dinero?
La situación se conoce desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, los
esfuerzos de la administración por solucionarla no han sido demasiados.
Incluso la industria cinematográfica se ha hecho eco de ello. En
películas como "El fugitivo", protagonizada por Harrison Ford, han
salido a la luz la ocultación de datos negativos sobre fármacos, el
soborno a médicos para que prescriban un determinado medicamento, el
poder de las multinacionales farmacéuticas...
Todo ello y mucho más, es el resultado del actual estatus de la
industria farmacéutica. Son los síntomas de una industria mastodóntica
enferma que se precipita por un acantilado, arrastrando gente inocente
en su caída libre. La reforma de este sector del sistema de salud es
incuestionable y debería ser inminente. Es necesaria una reforma amplia,
desde la base. Una reforma que permita un desarrollo más ágil y más
económico de los fármacos, sobre todo en patologías donde la demanda lo
urge.
Una reforma que dé cabida a todas las estrategias terapéuticas
conocidas. Que permita la absorción en el sistema de salud de aquellas
formas de terapia que han demostrado su eficacia. Una reforma que no
suponga pérdidas desorbitadas cuando una molécula nueva no funcione. En
una palabra, un sistema que no esté engullido por máquinas de hacer
dinero. Mientras el control de la salud esté exclusivamente en manos de
multinacionales, seguiremos teniendo fármacos peligrosos y médicos
sobornados. Hacen falta cambios profundos a nivel de legislación, de
organización, coordinación y de financiación de la investigación básica.
Cambios que deben de ser pactados por gobiernos y empresas
farmacéuticas. Cambios que hagan que el coste de un fármaco baje de los
aproximadamente 300 millones de dólares hasta su entrada en el mercado
(800 millones, si se pondera el gasto). Podría parecer una quimera
conseguir esta transformación, aunque bastarían unas pocas medidas
consensuadas para encontrar soluciones aceptables para todas las partes.
Una solución podría pasar por la existencia de agencias nacionales
desde donde se coordinaran y gestionaran los ensayos clínicos. Eso
ahorraría millones de dólares de ensayos clínicos y millones de dólares
del mal llamado "marketing". Otra medida podría consistir en la
financiación enfocada para grupos de Centros de Investigación, de
hospitales, de universidades públicas y privadas. Varios de estos
grupos, trabajando durante unos años pueden aportar valiosa información
sobre las cualidades de una determinada terapia.
Sería largo de explicar cómo se podría sanear el sistema de salud.
Habría incluso alternativas a estas soluciones que mejorarían
sustancialmente el sistema. La cuestión es si realmente interesa hacerlo
y si los gobiernos nacionales tienen la fuerza suficiente como para
negociar con gigantes económicos con ganancias astronómicas. Es posible
que GSK y los otros grandes, como Pfizer, Johnson & Johnson,
Novartis, Merck, etc., sólo quieran sentarse en la mesa de negociación
cuando la debacle que se avecina para un sector enfermo se haga
efectiva.
