NO a la PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA del ICS

El gobierno del Tripartito asumió en el Pacto del Tinell el compromiso de mejorar las condiciones asistenciales y de trabajo en la Sanidad durante esta legislatura. Sin embargo, y a pesar de manifestar en la Prensa que se van a construir más hospitales, como el del Baix Llobregat y servicios de Atención Primaria, esconden quienes serán los titulares propietarios y, sobre todo, qué beneficios obtendrán de su negocio. Sí sabemos que el modelo será de Concesión de Obra Pública o Concesión Administrativa, lo que permitirá por primera vez a las empresas privadas entrar a gestionar directamente parcelas del Servei Català de la Salut, apareciendo claramente como objetivo, el ánimo de lucro. En definitiva, se trata de seguir las orientaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo General de Comercialización de Servicios (AGCS) por el que serán las multinacionales a través de la gestión de los estados, quienes obtendrán los beneficios de la privatización de los Servicios Públicos y harán de la salud un negocio.

Las propuestas de reforma sanitaria que se hacen desde la Conselleria de Salut y su responsable Marina Geli, están cada vez más próximas a los sectores empresariales partidarios de la desregulación del sistema público, que plantean que los incrementos del gasto sanitario no son asumibles, ocultando que Catalunya es el país de la Unión Europea con menor gasto del PIB en Sanidad y la menor ratio médico / enfermera por habitante.

La Ley para convertir el ICS en un proveedor de asistencia sanitaria, sujeto al derecho privado y privatizando la titularidad de los servicios sanitarios, con capacidad de endeudamiento y obtención de beneficios, es un claro ejemplo de política neoliberal que aumentará las diferencias sociales entre quien pueda pagar la sanidad privada, y una sanidad de carácter asistencial al estilo USA que ha demostrado ser un fracaso en términos de salud de la población y en términos económicos por encarecer el producto final al introducir tantas empresas intermediarias cuyo objetivo no es otro que la obtención de beneficios. El Proyecto de Ley introduce también la contratación de personal laboral, no estatutario, y propone la circulación de trabajadoras y trabajadores entre centros y servicios de diferente titularidad, sea pública o privada. Esta es la propuesta que presenta la XHUP, la patronal sanitaria, que la Conselleria de Salut, comandada por el PSC está dispuesta a
aprobar por Ley en el Parlament de Catalunya.

Un gobierno de izquierda nacional (PSC, ERC, ICV-Verds) no puede destruir la Sanidad Pública, resultado de las luchas del movimiento obrero a lo largo del siglo XX, el mismo movimiento que vota socialista creyendo que mejorará sus condiciones de vida y que se siente traicionado por un gobierno social-liberal cada vez más prepotente.

Medidas encaminadas a que los usuarios y usuarias paguen una parte de los costes sanitarios además de las cotizaciones a la Seguridad Social a través de los salarios, suponen gravar la economía de la clase trabajadora mediante impuestos indirectos. La solución es subir los impuestos directos a quienes producen el gran fraude fiscal, así como limitar los beneficios de las multinacionales de la Farmacia, Farma Industria, creando nuestra propia empresa de fármacos genéricos para Catalunya que además de responder al interés común, generaría puestos de trabajo de calidad. El "copago" no es la solución, porque además de gravar las rentas más bajas, sobre todo a los pensionistas, se ha demostrado que es caro para el sistema.

No debemos olvidar que la Conselleria de Salut constituyó un "Comité de sabios" de la Salut con la finalidad de buscar fórmulas para racionalizar y financiar el gasto sanitario. Los objetivos de esta iniciativa intentan volver a reeditar las recomendaciones de la Comisión Abril Martorell, evitando los errores que la hicieron fracasar en un momento político de mayor organización y lucha de la izquierda social y, sobre todo de mayor peso de izquierda Unida.


El Departament de Salut creó en el 2004 la " Mesa Social para un Acuerdo Marco de Recursos Humanos del Sistema Sanitario Catalá". Esta Mesa se creó con la finalidad de "optimizar" el uso de su personal, sea éste del ICS o de la XHUP. En realidad están hablando del trasvase de recursos humanos entre todo el Servei Catala de la Salut, lo que supone recortar derechos de los trabajadores, y la reducción de plantillas, sobre todo del ICS, para equipararnos a las peores condiciones de la Xarxa. Es decir, equiparación a la baja de condiciones salariales y de trabajo.

Desde la CGT pedimos al conjunto de las fuerzas sindicales, y sobre todo a las organizaciones de clase, constituir un frente único para evitar un nuevo acuerdo lesivo para el conjunto de los trabajadores sanitarios.

Han tenido que pasar 15 años de la aprobación de la Ley 15/1990 para que se desarrolle un decreto, con fecha 27-9-2005, de participación de los centros hospitalarios gestionados por el ICS. Este decreto ordena la participación comunitaria con criterios de gestión basados en la desburocratización y descentralización de la toma de decisiones. Pero ésta no es la participación que se deseaba cuando en la Ley se hablaba de la creación de "Consejos de Salud". Éstos estaban pensados para la participación de las organizaciones sindicales y sociales, fundamentalmente asociaciones de vecinos y vecinas, que eran los órganos de proximidad usuarios de la Sanidad Pública. Por el contrario, este decreto nos crea unos órganos burocráticos en los que domina la participación del director del Departamento de Salud como presidente, vicepresidente un alcalde o alcaldesa, un o una representante del hospital y nueve vocales, entre los cuales uno será nombrado por el ICS, un o una por el servicio territorial del Departamento de Salud, dos en representación de alcaldes o alcaldesas, uno en representación de las comarcas, uno o una representante de los colegios profesionales o asociaciones empresariales.


De los nueve vocales dos serán representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias y un o una más de las asociaciones de vecinos. Es decir, del desarrollo de la Ley 1990 en cuanto a participación ciudadana a través de los Consejos de Salud, sólo han quedado un máximo de 3 personas en un órgano de 9 con funciones consultivas y con un presidente que tendrá voto de calidad. Estas comisiones se reunirán cada tres meses y las decisiones se tomarán por mayoría. Queda claro, pues, que la participación comunitaria en la gestión de la Sanidad Pública pagado con nuestros impuestos queda reducida al absurdo.

Como ejemplo de todo lo que denunciamos de privatización de la Sanidad Pública y de empeoramiento de las condiciones de trabajo, basta analizar lo que pasa en nuestros hospitales del Vall d’Hebron: Privatización de las cocinas, banco de sangre, servicio de mantenimiento, Resonancia Magnética, párquing privado en espacio público, uso gratis de espacio público por empresas privadas, creación de Fundaciones, falta de inversiones para permitir la privatización. A todo ello hay que añadir la precariedad laboral, la amortización de plazas, la no convocatoria de plazas estatutarias, el notable aumento de la productividad sobre todo del personal cualificado, los cambios obligados de horarios, la presión a la prejubilación sin acuerdo sindical, o la precarización de las condiciones laborales sirven para visualizar el deterioro de la Sanidad Pública a la que asistimos día a día.

Ante esta situación de privatización de la Sanidad y del deterioro de las condiciones laborales es urgente reaccionar. Contra los Pactos de las burocracias de los grandes sindicatos, debemos reunirnos las secciones sindicales y las Juntas de Personal para debatir y construir una Plataforma conjunta, conectar con las Asociaciones de Vecinos y las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, la Asociación de Profesionales de la Sanidad Pública, los movimientos sociales, partidos, sindicatos, que nos permita crear un frente amplio y evitar la privatización de un bien común como es el derecho a la salud de la ciudadanía